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dc.contributorBustamante Rúa, Mónica Maríaspa
dc.creatorArango Franco, Jorge Leónspa
dc.creatorGutiérrez Villa, Claudia Maríaspa
dc.creatorRojas Quintero, Tatianaspa
dc.date.accessioned2018-04-13T20:19:42Z
dc.date.available2018-04-13T20:19:42Z
dc.date.created2010-12-01
dc.identifier.otherCD-ROM 6563 2010spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4639
dc.descriptionLa interpretación de las distintas secciones del Consejo de Estado sobre el alcance de las competencias del juez popular en punto de anulación de actos administrativos no ha sido uniforme, y sus diversos criterios pueden agruparse en dos grandes líneas jurisprudenciales. Una primera postura del Consejo de Estado, que podría calificarse de “restrictiva”, niega las atribuciones del juez popular para anular actos administrativos, sobre la base de la presunción de legalidad de los mismos y de la existencia de otros medios judiciales (contenciosos objetivo y subjetivo) creados justamente para enervar dicha presunción ante la jurisdicción contenciosa, o lo que es igual, la acción popular no está establecida para definir la legalidad de actos administrativos, en tanto no se pueden controvertir por cuanto pueden ser atacados mediante acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, a través de las cuales los interesados pueden alegar y demostrar que con la expedición de los actos impugnados la administración violó normas de orden superior a las que debía sujetarse. Criterio que encuentra respaldo en un sector de nuestra doctrina: Tamayo Jaramillo, Javier, Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil, Editorial Diké, Medellín, 1ª edición, 2001, pág. 111 y ss. En contraste, una segunda tendencia jurisprudencial, que podría denominarse “amplia”, encuentra que el juez de la acción popular está dotado de competencia para anular el acto administrativo, cuando quiera que éste viole un derecho colectivo, o lo que es igual, permite atacar el acto administrativo mediante acciones populares, logrando incluso su nulidad. Algunos autores respaldan esta postura: Hernández Enríquez, Alier E. La presunción de legalidad de los actos administrativos y de validez de los contratos estatales en las acciones populares, Instituto Antioqueño de responsabilidad civil y del Estado, octubre de 2001; Bejarano Guzmán, Ramiro, Procesos declarativos, tercera edición, Temis, Bogotá, 2005, p. 182; Botero Aristizabal, Luis Felipe, Acción popular y nulidad de actos administrativos, Serie LEX Nova, Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Ed. Legis, Bogotá, primera edición, 2004, pág. 85 y ss.spa
dc.format.extentp.1-106spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellín. Facultad de Derechospa
dc.relation.hasversionpublishedVersion
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.titleLa acción popular como vía procesal idónea para discutir la legalidad de los actos administrativosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembAcción pública-Jurisprudencia-Colombiaspa
dc.subject.lembActos administrativos-Jurisprudencia-Colombiaspa
dc.subject.lembAcción pública-Jerarquía normativa-Colombiaspa
dc.subject.lembActos administrativos-Jerarquía normativa-Colombiaspa
dc.relation.citationstartpage1
dc.relation.citationendpage106
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyEspecialización en Derecho Procesal Contemporáneospa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.contributor.roleadvisoreng
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa


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