Mediante la implementación en Colombia del Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley 1098 de 2006-, nuestro país realiza un tránsito de un modelo jurídico tutelar, hacia un modelo jurídico garantista como lo es el sistema de responsabilidad penal, permitiendo la aplicación y materialización efectiva de los derechos irrenunciables que asisten a los niños, niñas y adolescentes, así como del reconocimiento de los principios y reglas de carácter internacional contenidas en Convenios y Tratados Internacionales que hacen parte de la Constitución Nacional por bloque de Constitucionalidad, los cuales deben ser respetados por Colombia.