En 2012 el Estado ecuatoriano y la empresa minera Ecuacorriente firmaron un contrato para la fase de explotación del proyecto Mirador, dando inicio a una etapa más intensiva de operaciones y construcción de infraestructura. En virtud de este proyecto, varias familias han sido desalojadas y otras están en inminentepeligro de perder sus tierras. Este artículo presenta los hallazgos de una investigación sobre las situaciones de desalojo y violación de derechos humanos generadas a raíz de la implementación del proyecto Mirador, e identifica los medios y recursos utilizados por la empresa para desalojar a los habitantes el área de influencia directa del proyecto.