El presente texto trata de reflejar la necesidad de estructurar una ciencia jurídica procesal que garantice la aplicación de los derechos fundamentales a lo largo del proceso y, en especial, en la sentencia, como el acto procesal más relevante. La necesidad de un discurso práctico racional se hace evidente en un Estado social de derecho, en el cual se protegen los derechos fundamentales de la persona y se le exige al juez una actividad judicial que supere la simple aplicación normativa en busca de administrar justicia.