El Estatuto de la Contratación Pública estableció las cláusulas excepcionales, como herramientas dispuestas para que la administración lograse garantizar la ejecución del contrato y proteger los recursos invertidos, para efectos de suplir la necesidad prevista para el objeto de contratación, teniendo fundamento en la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines del Estado, no obstante lo anterior, en el sistema jurídico colombiano existen algunos regímenes especiales que tienen regulación especial para la contratación, como las empresas sociales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas públicas que prestan el servicio de electricidad, las cuales tienen potestad de aplicar las cláusulas exorbitantes. Sin embargo, en lo que corresponde a las universidades públicas, el régimen de contracción no autorizó el uso de las cláusulas, pero resulta pertinente su aplicación, dado que permiten un mayor ejercicio de su autonomía en matera contractual, contribuyen a la salvaguarda del servicio público de la educación superior, favorecen una gestión contractual más eficiente y, permite la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines del Estado.