El problema de investigación objeto de estudio, se centra en analizar la figura del acusador privado en Colombia, visto desde sus limitaciones en la etapa de la investigación criminal, lo anterior teniendo en cuenta los límites impuestos al acusador privado para ejercer la acción penal privada, partiendo de los delitos a los que debe circunscribirse hasta la etapa investigativa donde se adelantan actos complejos, y se maneja lo atinente a la recolección de elementos materiales probatorios necesarios para encontrar la verdad en un posterior juicio. Como ya se había manifestado con anterioridad, es entendible que el uso de la figura del acusador privado se limite a ciertos delitos, puesto que de una forma u otra no se afectan gravemente los derechos ni de la víctima ni del victimario, partiendo del supuesto que todo delito se va a tramitar bajo el respeto del debido proceso y la lealtad procesal, sin embargo lo que si comportaría un riesgo y es precisamente lo que se desea estudiar, son los limitantes fijados en la etapa de investigación criminal, donde se le han impuesto barreras para realizar actividades tales como: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones[pc] lo cual podría poner en duda la eficacia del investigador privado para ejercer la acción penal ya que no sería completa, y se llegaría a juicio sin la consistencia de la recolección de todos los elementos materiales probatorios posiblemente necesarios. En Colombia se critica la figura del acusador privado por la cantidad de restricciones a las que se ha visto sometida, llegando al punto de dudar si está o no está sirviendo para descargar a la Fiscalía de casos o, para que las víctimas logren una justicia más pronta.