El presente artículo estudiará las acciones de protección social dispuestas en el modelo de atención propuesto por la Ley de víctimas, en lo que se refiere a la indemnización administrativa y la prestación humanitaria periódica como medidas que incluyen un reconocimiento económico que mitigue las condiciones de amenaza y vulnerabilidad de este grupo poblacional. Así, sucesivo análisis de las disposiciones expuestas por el bloque de constitucionalidad, se logró establecer que, de las medidas de protección social, es la prestación humanitaria periódica la única que cumple con la finalidad de mitigar las necesidades básicas de tracto sucesivo que constituyen el derecho al mínimo vital para las víctimas en situación de discapacidad. Por lo demás, aquí se pudo establecer que existe una omisión legislativa de amparo económico frente al grupo de víctimas en condición de discapacidad que no alcanza el umbral legal de calificación en merma laboral, existiendo así, una falta de aplicación del enfoque diferencial que ordenan los instrumentos normativos del Derecho Internacional Humanitario, y los Derechos Humanos[pc] pues no existen razones suficientes que justifiquen el tratamiento diferencial cuando, a raíz del conflicto armado, se genera discriminación laboral para individuos en condición de protección especial, lo que, necesariamente, justifica una intervención constitucional.