La acción popular es una acción preferente, autónoma e independiente consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia de 1991 a través de la cual se defienden derechos de carácter colectivo. Esta acción, puede ser presentada por cualquier persona, ya que tiene un carácter de legitimación universal. La corrupción en Colombia es uno de los principales problemas jurídicos, políticos y sociales del país. La acción popular es un medio de control efectivo para combatir la corrupción y proteger los derechos e intereses colectivos en la contratación estatal, tales como el patrimonio público, la moral administrativa, el medio ambiente, entre otros. En el artículo, se identifican los presupuestos legales y jurisprudenciales de las acciones populares en la contratación estatal, se evidencian casos puntuales en los que este medio de control ha sido un instrumento efectivo para contrarrestar este flagelo y finalmente se abordan las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de las acciones populares para combatir la corrupción.