A pesar de los múltiples avances que se han presentado a lo largo de las últimas décadas en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las violencias contra sus cuerpos y vidas como un asunto del orden público, la lógica del derecho en general y del derecho penal en particular, sigue siendo reducida e inacabada cuando se trata de muchas de las violencias basadas en género como el aborto sin consentimiento. A las mujeres históricamente se les ha mandatado sobre cómo actuar, cómo comportarse y qué hacer y no hacer. Los estereotipos y roles de género refuerzan en la vida cotidiana estos mandatos. La determinación sobre cuándo procrear, cuánto procrear y cómo procrear ha estado (al igual que muchas otras determinaciones sobre los cuerpos de las mujeres) en manos de otros que las despojan de libertad y autonomía para tomar sus propias decisiones. La protección y garantía de la autonomía de las mujeres en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, sigue siendo insuficiente en épocas actuales. En razón de ello, permanece como una reivindicación de movimientos feministas a nivel mundial el derecho a decidir sobre el cuerpo, sexualidad y reproducción de manera autónoma, libre y sin coacción. En el mismo sentido, se presentan debates en escenarios legislativos y judiciales que se van nutriendo de los desarrollos propios de los contextos en que se tejen.