El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013, señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública (Histórica C. d., 2013). En la misma línea, el anuario de procesos de paz 2015 de la Escuela de Cultura de Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92 por ciento. Un 37 por ciento de los secuestros fueron atribuidos a las FARC-EP y un 30 por ciento al ELN. El anuario reporta que según el Uppsala Conflicto Data Programme (UCDP), se registra un mínimo de 1.000 muertos anuales relacionados con el combate. Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. La participación de las víctimas en los procesos de justicia transicional es crucial, ya que les brinda la oportunidad de ser escuchadas, de buscar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En Colombia, este proceso ha sido complejo debido a la magnitud y diversidad de las violaciones de derechos humanos, así como a la pluralidad de actores involucrados en el conflicto. Se han implementado diversas medidas y mecanismos para promover la participación de las víctimas en la justicia transicional, como audiencias públicas, espacios de diálogo y consulta, y la creación de instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la efectividad y el alcance de estas iniciativas, así como en la garantía de la seguridad y protección de los participantes.The report ¡Basta Ya! of the Historical Memory Center, published in 2013, indicates that between 1958 and 2012 the conflict caused the death of 40,787 combatants and 177,307 civilians. The number of disappeared between 1981 and 2010 was 25,000, the number of kidnapped 27,023 and the number of murders 150,000. Of this last figure, 38.4 percent was the responsibility of the paramilitaries, 16.8 percent of the guerrillas and 10.1 percent of the Public Force (Historical C. d., 2013). Along the same lines, the 2015 yearbook of peace processes from the School for a Culture of Peace points out that in 40 years of internal conflict there were 39,000 Colombians who were victims of kidnapping, with an impunity rate of 92 percent. 37 percent of the kidnappings were attributed to the FARC-EP and 30 percent to the ELN. The yearbook reports that according to the Uppsala Conflict Data Program (UCDP), there are a mínimum of 1,000 combat-related deaths per year. On the other hand, the UNHCR organization maintains that since 1997 there have been 3.9 million forced displacements in Colombia (UNHCR, 2013). The majority of civil society has been affected by the armed conflict and has been protesting for many years against the violence perpetrated by all those involved in the conflict.