Se sabe que la contratación pública es el mecanismo más utilizado por el Estado para adquirir los bienes o servicios y más aún que lo hace con dineros públicos, es decir, con dineros provenientes de los ciudadanos. Por lo tanto, es importante que el Estado vele por realizar la mejor inversión de esos recursos, escogiendo contratistas eficientes, que ayuden a cumplir con los fines del mismo. Es aquí donde toma gran importancia la selección de la oferta más favorable, dado que se busca cumplir el objetivo en el menor plazo y al menor costo. Pero esto se puede ver enlodado, cuando corruptamente se adjudican contratos sin cumplir un adecuado proceso de selección. El gobierno buscó cerrar brechas de corrupción y manipulación en los diferentes pliegos que emitían las Entidades implementando los documentos tipo, siendo los de Infraestructura de Transporte los abanderados en el tema, con los cuales el Estado introdujo un procedimiento que impregnaba transparencia, equidad, pluralidad y selección objetiva en la contratación estatal, sin perder de vista que esta línea de inversión es la que más impacta económicamente en el desarrollo del país. Dentro de la evaluación que efectúa la Entidad a las propuestas presentadas, durante el proceso de selección, en especial, en la modalidad de Licitación, la evaluación de las ofertas con precios artificialmente bajos, son evaluadas a discrecionalidad de la Entidad, dejando a su criterio la aceptación o rechazo de las ofertas económicas que se encuentran en estas condiciones, lo cual podría provocar un cambio sustancial en la lista del orden de elegibilidad, donde se determina cual es la propuesta con mayor puntaje, a la cual se le adjudicará el contrato, abriendo una brecha a la posible manipulación en la selección del contratista, rompiendo el principio de selección objetiva y quebrantando la finalidad de los documentos tipo.