El régimen de contratación directa con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) es fundamental para la implementación de políticas orientadas al desarrollo social. Sin embargo, la discrecionalidad inherente a esta modalidad presenta riesgos significativos de corrupción. A pesar de la existencia de normativas como el Decreto 092 de 2017, que establece criterios estrictos de idoneidad y transparencia, la eficacia de estas regulaciones depende de la capacidad institucional para supervisar y controlar los procesos. Además, el fortalecimiento de las facultades sancionatorias de las autoridades locales y la implementación de mecanismos tecnológicos, como el blockchain, son necesarios para garantizar la transparencia y eficiencia en estos procesos. Involucrar a la ciudadanía a través de auditorías ciudadanas y el uso de inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real también son estrategias clave para prevenir la elusión normativa y asegurar un uso adecuado de los recursos públicos.The direct contracting regime with Non-Profit Organizations (NPOs) is fundamental for the implementation of policies aimed at social development. However, the inherent discretion of this modality presents significant corruption risks. Despite the existence of regulations such as Decree 092 of 2017, which establishes strict criteria for suitability and transparency, the effectiveness of these regulations depends on the institutional capacity to supervise and control the processes. Additionally, strengthening the sanctioning powers of local authorities and implementing technological mechanisms, such as blockchain, are necessary to guarantee transparency and efficiency in these processes. Involving citizens through citizen audits and the use of artificial intelligence for real-time monitoring are also key strategies to prevent regulatory evasion and ensure the proper use of public resources.