La jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales fundamentales, que en su gran mayoría conllevan intereses económicos, es una muestra de la transformación de la cultura, tanto política como jurídica, del Estado y su sensibilización respecto de las necesidades básicas. La C. C. ha contribuido con esto a priorizar lo social sobre lo político, y de esta forma ha obligado al Gobierno nacional a tomarse en serio el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas. Con esto, la jurisprudencia constitucional ha venido diseñando y poniendo en práctica una concepción moderna del Estado, en la que el cumplimiento de los deberes sociales del Estado ocupa un lugar central en la reorganización de las instituciones públicas.