El contrato estatal de prestación de servicios en Colombia ha sido la herramienta contractual por excelencia utilizada por las entidades del Estado para poder dar cumplimiento a lo ordenado por la Carta Magna en lo referente a su objeto, y en forma específica al artículo 2 superior relativo a los fines esenciales del Estado. También debe tenerse en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000, que tenía por objeto la racionalización del gasto público nacional y que modificó en forma directa el porcentaje máximo del presupuesto que se podía asignar al rubro de funcionamiento, hecho este que originó que las plantas de personal fueran reestructuradas a partir del 2004 y que estas no contaran con el suficiente personal para el cumplimiento de su objeto misional, razón por la cual se incrementó del uso de esta herramienta contractual que el legislador habilita para estos caso. A su vez, la dinámica socioeconómica del país ha reforzado el acuerdo tácito entre las partes (Estado-contratista) para aceptar esta relación sin importar que esta vaya en detrimento del contratista, por ser esta su única opción de ingreso. Por último, se resalta lo complejo que se hace para el contratista incoar la acción requerida para la protección de sus derechos por encontrarse a su cargo la totalidad de la carga de la prueba.The state contract for the provision of services in Colombia has been the contractual tool par excellence used by state entities, in order to comply with what is ordered by the Magna Carta in relation to its object and specifically to article 2 above, essential purposes of the state. The entry into force of Law 617 of 2000 should also be taken into account, which had as its objective the rationalization of national public spending and which directly modified the maximum percentage of the budget that could be allocated in the operating category; This fact caused that the personnel plants were restructured from the year 2004, and these subsequently did not have the sufficient personnel required for the fulfillment of their mission objective, which is why the growth in the use was directly enhanced. of this contractual tool, which the legislator enables for this case. In turn, the socio-economic dynamics of the country has reinforced the tacit agreement between the parties (State - contractor) to accept this relationship; regardless of whether this is to the detriment of the contractor, as this is his only income option. Finally, it is highlighted how complex it is for the contractor to initiate the action required to protect his rights, since he is in charge of the entire test.