La idea principal de este trabajo es brindar herramientas para el estudio y la aplicación del principio de oportunidad en el sistema de infancia y adolescencia, desde la solicitud por parte de la fiscalía hasta la realización de la audiencia ante el juez de control de garantías, para esto se hará alusión a cada uno de los pasos para la aplicación de dicho mecanismo jurídico. No obstante, señalando que el principio de oportunidad es un instrumento jurídico-procesal sobre la procedencia de la suspensión interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal donde no se limita a aspectos meramente jurídicos ya que en cada caso es fundamental establecer si los presupuestos fácticos de las diferentes normas que resulten aplicables están suficientemente acreditados para la aplicación del mismo. En este trabajo, lo que interesa es dirigir la mirada y colocar el sistema de la justicia de menores en el contexto de las dimensiones del crecimiento, y trastorno del adolescente en el cual perpetra delitos y que se encuentra con los servicios y los operadores encargados de juicio, de control y de su acompañamiento en el procedimiento penal. El principio de oportunidad analizado desde una forma de afrontar las conductas penalmente relevantes de los adolescentes, obedece no sólo a la necesidad de responder a los criterios Constitucionales, no a la asunción del adolescente como un titular de derecho y como tal, responsable de sus actos. Para poder analizar esa responsabilidad se debe hacer un esfuerzo global para la necesidad de ejercer la persecución penal de conductas penal y socialmente reprochables, con la importancia de brindar herramientas para que el adolescente sea tratado con el respeto inherente a su dignidad humana sin perder de vista el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento de su vida También es de aclarar que al mirar este principio estamos frente la aplicación de la justicia restaurativa, parar poder entender las penalizaciones como instrumentos capaces de profundizar las realizaciones interpersonales entre los actores del conflicto, parar enraizar la dialéctica de la pena en el terreno de la comunidad, parar no relegarlo únicamente como instrumental, finalizada únicamente a reducir la criminalidad, particularmente de menores infractores. Así entendido este principio como la oportunidad que se le permite al fiscal, de manera excepcional, suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal, siendo así resultaría ser la antítesis del principio de legalidad, por cuanto el Estado está obligado a investigar y sancionar cualquier comportamiento que haya sido tipificado como delito, de forma tal que el ejercicio de la acción penal es indispensable y obligatorio.