Son varios los intentos del legislador y el poder ejecutivo para lograr el cumplimiento de los fines inherentes a la buena administración pública y a las exigencias de una institucionalidad eficaz y en suma, de alta moralidad y velar por los recursos públicos, el adecuado manejo de los bienes y servicios del estado. Igualmente para cumplir con la obligación de establecer y garantizar un orden justo cumpliendo la finalidad estatal de la protección de la vida y bienes de las personas y entendiendo que es responsabilidad del estado cumplir a cabalidad las obligaciones constitucionales, legales y contractuales mediante acciones y que el incumplimiento o violación de estas disposiciones generan un actuar contrario a derecho, situación que trae consigo sendas demandas ocasiona-das en la mayoría de los casos por la ausencia de garantías del orden jurídico o de las obligaciones contractuales, lo cual exige a la máxima autoridad ejecutiva del estado la elaboración de políticas concretas sobre la manera y los procedimientos más acertados para prevenir el daño antijurídico. Esta prevención que es tarea de todos quienes cumplen funciones públicas, requiere agotar rigurosamente el cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos establecidos en el ordenamiento, por lo tanto en materia de defensa jurídica, la prevención es la primera forma de defender al estado y la garantía de los derechos de los ciudadanos, los cuales son conculcados en algunas ocasiones por acción u omisión de los servidores públicos y generan un costo fiscal de más de quinientos mil millones de pesos por año (cifras de 2010) con tendencia al aumento, como fuente más reciente se cita el Informe de la Actividad litigiosa del Estado, realizado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el año 2013. Esta situación obligó al gobierno a tomar nuevas decisiones con un documento llamado Bases para la política de prevención del daño antijurídico del estado, el cual le da a la acción de repetición una alta relevancia tratando de fundamentar con ella la prevención del daño antijurídico en la época actual. Prevenir el daño antijurídico es prioridad para el estado colombiano y se sugieren unas bases y políticas por parte del Ministerio del Interior y de Justicia en su publicación, las cuales están dirigidos a los representantes legales, ordena-dores del gasto, jefes de oficinas jurídicas, jefes de áreas misionales y de apoyo, grupos de trabajo y en general para todos los funcionarios públicos, trabajadores oficiales, contratistas y a todos los interesados en la prevención del daño antijurídico de todas las entidades del estado. Con este fin se desarrolló primero que todo una metodología, la cual tuvo en cuenta las definiciones teóricas sobre el daño, la responsabilidad civil y la indemnización, conceptos dados por diferentes tratadistas en la materia en segundo lugar se organizó y se depuró la información sobre las causas de condenas y demandas contra el estado dentro del estudio realizado sobre el daño antijurídico en el marco del Programa de fortalecimiento Institucional del Sistema de Gestión de Demandas Legales en tercer lugar se recopiló la información del movimiento del rubro de sentencias y conciliaciones judiciales del presupuesto para observar el impacto fiscal de las condenas contra el estado e información sobre las diferentes medidas de prevención del daño antijurídico de las entidades que reportan semestralmente a la dirección de defensa jurídica del estado.