La elección de este tema, obedeció a la problemática creciente y actual que se presenta en la praxis, en razón al creciente número de acciones populares, muchas de las cuales si bien es cierto tienen fundamentos facticos y jurídicos que llevarían a una sentencia estimatoria de las pretensiones, encuentran su punto neurálgico en la inactividad de parte, debido al abandono que de las causas se está presentando en lo relacionado con la recolección de pruebas, lo que en últimas conlleva a la emisión de sentencias en donde no es posible disponer la protección de el o los derechos presuntamente vulnerados, al no haberse acreditado los hechos en los cuales el actor funda sus pretensiones. (Artículo 30 de la ley 472 de 1998, en concordancia con el 177 del CPC).