Colombia, se caracteriza por ser un país que respeta los derechos fundamentales, puesto que es un estado garantista, que vela por la protección de todos los ciudadanos del territorio nacional, con el único propósito de acabar con las brechas de desigualdad que se han presentado a lo largo de la historia. El principio de presunción de inocencia va de la mano con el debido proceso, estas dos figuras son garantías jurídico-procesales, que buscan asegurar un resultado justo y equitativo, con la posibilidad de ser escuchado haciendo valer pretensiones legitimas frente al tercero imparcial; esta noción se convierte en un derecho fundamental, por el cual el acusado no tiene la obligación de presentar ninguna clase de pruebas que demuestre su inocencia, por el contrario el estado está en la obligación de demostrar la culpabilidad del agente. Bajo estos parámetros es interesante recalcar que no se puede invertir la carga probatoria en el área penal, puesto que quien direcciona esta parte del proceso por así decirlo, es el ente acusador (fiscalía). Según esta normatividad hacer inversión de la carga de la prueba, es fomentar la violación a la presunción de inocencia puesto que cada ciudadano colombiano es inocente hasta que se compruebe lo contrario; debe quedar lo suficientemente claro que el material probatorio que aporte el fiscal debe ser suficiente, exacto y explícito de tal forma que lleve al juez a un convencimiento más allá de toda duda. Cabe señalar que basándose en lo que esté articulado del código de procedimiento dice, solo de manera excepcional se podrá invertir la carga probatoria, la aplicación de esta noción en materia penal colombiana se ha presentado pocas veces en un periodo comprendido de 2008 a 2018 en todo el territorio nacional.