El presente artículo se estructuró con base en aspectos inherentes al debido proceso y el derecho a la conectividad, como derechos fundamentales para la efectiva interacción, durante la época actual que se está viviendo en el mundo a consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, entre los usuarios y las autoridades que administran justicia en Colombia. Se analiza la situación de las personas que requieren del acceso efectivo a la administración de justicia3 y la garantía del debido proceso en general4 a propósito de las medidas adoptadas durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional, mediante la expedición del Decreto 417 de 2020. Para desarrollarla se consultó el Decreto Legislativo 806 de 2020 y los argumentos de la Corte Constitucional en Sentencia C-420 de 2020 y demás jurisprudencia complementaria, sin olvidar la doctrina especializada en el tema. Todo esto, con el objetivo de llegar a una conclusión fundamentada dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho, respecto de las personas que carecen del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación -TIC, por lo que se plantea la viabilidad de que el servicio de internet sea elevado a la categoría de servicio público básico esencial.This article structure is based upon points integral to due process and the right to connect to the internet, as a fundamental right for effective commination, during the current Covid -19 pandemic climate, that the world is experiencing at the present, between users and the authorities that administer justice in Colombia. The situation of people who require effective access for the administration of justice and the guarantee of due process in general is analysed in relation to the measures adopted during the State of Economic Social and Ecological Emergency declared by the National Government, through the issuance of Decree 417 of 2020. To develop the Legislative Decree 806 of 2020 and the arguments of the Constitutional Court in Ruling C-420 of 2020 other complementary jurisprudence were also consulted, without forgetting the specialized doctrine on the subject. All this, with the aim of reaching a well-founded conclusion within the framework of the Constitutional State of Law, with respect to people who lack access to information and communication technologies - ICT, thus raising the criticality of the services of the Internet is elevated to the category of essential basic public service.