El habitante de calle y en situación de calle ha sido un sujeto social multicausal cargado de una pluralidad de significaciones y asimilado por las instituciones gubernamentales y por la sociedad civil como un problema público. Con el paso del tiempo han ido adquiriendo mayor atención por parte de las autoridades locales, hasta el punto de ser objeto en cuestión de políticas públicas que pretenden alcanzar una solución óptima a su situación partiendo de estrategias para la atención integral y la restitución de los derechos fundamentales de esta población. En Medellín, se ha emprendido la acción gubernamental apoyada fundamentalmente en una oferta de servicios que propugnan por un sistema de atención basado en la asistencia de necesidades básicas y de salud; no obstante, con la instauración de la política pública social en el año 2015, la inclusión social, laboral y familiar del habitante de calle se ha convertido en la piedra angular del quehacer institucional. Desde el punto de vista jurídico, la atención a la población en situación de calle genera grandes retos para la administración municipal en materia fiscal, pues para cumplir con el principio de economía, tiene que establecer estándares para definir la eficiencia buscando el mayor impacto en la calidad de vida de esta población y, a su vez, optimizando los recursos con los que cuenta. El presente artículo busca evaluar la contratación municipal, en el periodo 2017-2018, como mecanismo de intervención y consecución de los fines del Estado social de derecho, frente a los objetivos instaurados en la resocialización de esta población en la ciudad de Medellín.