El patrimonio del Estado está jurídicamente protegido bajo la potestad constitucional del control fiscal, que garantiza su defensa y protección y que, con ocasión del daño por causa de una conducta, a través de la responsabilidad fiscal procura su resarcimiento. Este patrimonio público está conformado por todos los recursos, intereses y bienes propios del Estado, destinados al interés general, así como por los bienes y servicios que se le deben prestar a todas las personas como sujetos de derechos, y cuya misión es la materialización de los fines esenciales del Estado. Así mismo, se integran al patrimonio estatal, los bienes públicos que se identifican por ser imprescriptibles, inalienables e inembargables; características que no impiden que el Estado los utilice con fines públicos o privados mediante concesión. La concesión implica, prestar un servicio público, de obra o bien, destinados al servicio o uso público. Bajo este contexto, el concesionario puede desplegar funciones de gestor fiscal o realizar actividades conexas con esta. Sin embargo, su participación, incidencia o contribución en las actividades contractuales no le otorga de manera ineludible tal connotación y no siempre lo hace sujeto pasivo de la acción fiscal. Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis a partir de un caso práctico de las variables que debe analizar el operador fiscal al momento de delimitar el “Control Fiscal”, y la “Gestión Fiscal” para determinar la “Responsabilidad Fiscal” de los concesionarios, conceptualizando sobre el control fiscal y la gestión fiscal, definiendo el daño patrimonial al Estado con base en el análisis de la integralidad de los elementos que conllevan la responsabilidad fiscal y su configuración dentro de los contratos de concesión. El método de investigación y el eje de análisis y estudio partirán en demostrar la valoración de las funciones constitucionales y legales sobre el control y la responsabilidad fiscal en el contrato de concesión, desde la perspectiva de la casuística. Como resultado del presente estudio de caso es que los concesionarios tienen la posibilidad de estar inmersos en una investigación de responsabilidad fiscal e igualmente de manera transversal la aplicación de los mecanismos alternativos de conflictos cuyo resultado incide de manera determinante el proceso de responsabilidad fiscal. Se concluye entonces que los concesionarios pueden ser vinculados como presuntos responsables fiscales por actos significantes que afectaron la gestión fiscal, ocasionando daño patrimonial del Estado.The State's patrimony is legally protected under the constitutional power of fiscal control, which guarantees its defense and protection and which, on the occasion of damage due to conduct, through fiscal responsibility seeks its compensation. This public patrimony is made up of the assets, resources and patrimonial interests of the State, destined for the general interest, as well as the goods and services that must be provided to all people as subjects of rights, in compliance with the essential fines of the State. Likewise, the state patrimony is integrated, the goods for public use that are characterized by being imprescriptible, inalienable and unseizable; characteristics that do not prevent the State from using them with public or private fines through concession. The concession implies providing a public service, work or good, intended for public service or use. Under this context, the concessionaire can deploy fiscal manager functions or carry out activities related to them. However, his participation, incidence or contribution in contractual activities does not inevitably give him such a connotation and does not always make him a passive subject of tax action. The purpose of this article is to present an analysis based on a practical case of the variables that the fiscal operator must analyze when establishing that a concessionaire is a fiscal manager and, therefore, linked to the fiscal responsibility process.