El presente trabajo se orienta a demostrar el incumplimiento de las obligaciones nacionales y convencionales del Estado colombiano, por el tratamiento que le da a la población reclusa, que se encuentra en condiciones de existencia que carecen de dignidad y no se ajustan a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos dadas en el Congreso de Naciones Unidas en 1955. Así mismo desarrollamos las bases para que los reclusos que han padecido de estos tratos inhumanos y degradantes acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa a través del medio de control de reparación directa, y que se declare que fue causado un daño antijurídico que no tienen el deber de soportar, y que este bien tutelado se encuentra consagrado en la legislación colombiana y diferentes instrumentos internacionales.