El escrito analiza cuatro problemas básicos de la configuración del poder metropolitano, cuya ilegitimidad e inconstitucionalidad procuro demostrar: el predominio de los alcaldes de las llamadas ciudades "núcleo" sobre las instancias de la democracia municipal de su propia ciudad y de la de los demás municipios; la ausencia de formas de democracia participativa social, empresarial, etc., en las juntas metropolitanas, lo que le resta base social y legitimidad a las áreas en su territorio; la omisión de las consultas populares para la validación de las áreas metropolitanas que preexistían a la Constitución de 1991; y la anexión impositiva de un municipio a un área ya existente, posibilidad que quedó abierta en el régimen legal vigente.