Es recurrente que en el proceso de contratación estatal los actos administrativos sean revocados por factores de legalidad o irregularidades en el proceso licitatorio. Dicha decisión es unilateral, es decir, la revocatoria es una decisión de la administración que tiene como finalidad proteger los intereses del Estado, permitiendo que el contenido de dicho acto se considere inexistente. En función de este contexto, el artículo tiene como objetivo demostrar que los oferentes afectados por la revocatoria de un acto administrativo se equivocan escogiendo la nulidad y restablecimiento del derecho como medio de reparación de daños generados por dicha decisión. La metodología a través de la cual se desarrolla este artículo parte de un enfoque descriptivo, sustentado en fuentes jurisprudenciales, textos jurídicos, y doctrina. Como resultado de la investigación se evidencia que el oferente no es acreedor de derechos a causa de la revocatoria del acto administrativo, y que la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho no es la vía procesal adecuada, configurando ineptitud sustantiva de la demanda. Así las cosas, a partir del Fallo 21051 de 2006 del Consejo de Estado, se expone que la vía procesal adecuada para la reparación de perjuicios causados por la revocatoria del acto administrativo es la reparación directa. Se concluye que esta vía procesal de reparación permite al oferente subsanar los perjuicios causados, además, no se genera un aumento al gasto público, ya que no se está generando un proceso de indemnización al oferente.