El presente trabajo se abordó con el propósito de verificar cómo ha operado la reparación integral al interior de los procesos en la justicia ordinaria en el marco de la ley 906 de 2004 y, en lo atinente en la jurisdicción extraordinaria en lo que respecta a las leyes 975 de 2005 (Justicia y Paz) y Ley 1957 de 2019 (Justicia Especial para la Paz), haciendo un especial énfasis en las víctimas menores de edad, analizando los elementos normativos y jurisprudenciales que se tienen al respecto, esto en aras de determinar el carácter prevalente de los derechos de los menores de edad en el trámite incidental. Por esto, es necesario mencionar que la reparación integral, se trata entonces de un asunto que le corresponde decantar a las víctimas directamente o, en su defecto, a sus representantes; así lo expone la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, se reitera que desde la misma Constitución Política de Colombia, se prevé el carácter fundamental y la prelación que tienen las víctimas menores de edad con respecto a los mayores de edad, siendo necesario determinar si existe algún mecanismo diferenciador que permita dilucidar algún tratamiento especial cuando se trata de víctimas que ostentan una especial condición de vulnerabilidad, tratamiento que precisamente debe ser analizado desde las mismas concepciones proferidas por las altas cortes en aras de dilucidar la controversia planteada y dotar de protección especial a quienes por ley la ostentan. De conformidad con los anteriores planteamientos, en esta investigación se tuvo por objeto dar respuesta a la siguiente pregunta problematizadora: ¿cómo ha operado en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional la reparación integral en la justicia ordinaria y extraordinaria, en aras de dar prevalencia a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que son víctimas?