La acción popular ha sido establecida como la herramienta procesal idónea para la salvaguarda del derecho al medio ambiente, y dentro de su estructura, las medidas cautelares juegan un papel fundamental para garantizar la efectividad de este derecho colectivo toda vez que el legislador las ha dotada de características especiales que se encuentran en armonía con la finalidad preventiva de la acción popular y con el principio de precaución.