Las entidades territoriales colombianas deben cumplir las competencias y funciones asignadas por la Constitución y la ley, su finalidad es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, entre otros. El cumplimiento de esta misión institucional demanda una estructura administrativa organizada, competente, eficiente y eficaz, dedicada a la atención de la comunidad, la administración de los recursos, la planificación del territorio y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Es en este universo de obligaciones y responsabilidades, que es cada vez más complejo para las entidades territoriales, cumplir con sus objetivos misionales, los constantes cambios en la legislación para la administración de los territorios y la creciente delegación de responsabilidades hacen que la estructura administrativa de los municipios se vuelva obsoleta. Sumado a esto, los recortes presupuestales y el condicionamiento impuesto en materia de gastos de funcionamiento y de inversión, generan limitantes financieras a la hora de contratar el personal necesario para cumplir las funciones, obligaciones y responsabilidades; como es el caso del Municipio de Sonsón, Antioquia.