Siguiendo la tradición continental, la Carta Política de 1991 constitucionalizó en Colombia los valores de justicia, libertad, conocimiento, igualdad y protección de los derechos, estableciendo deontológicamente la investigación integral para la averiguación de la verdad. Una década después, el legislativo reforma la Constitución adoptando un modelo judicial de énfasis adversarial que sustituye el concepto de verdad fáctica por el de verdad procesal proveniente de la parte vencedora del debate, eliminando la investigación integral y privilegiando las reglas técnicas de neutralidad del juez, igualdad de armas, concentración y terminación negociada de cargos. La jurisprudencia de las altas cortes acogió el criterio de verdad mínima o reducida de Ferrajoli afín al modelo angloamericano, limitando la función epistémica del proceso debido a la insuficiencia y selección de las pruebas propias de las reglas de admisibilidad y la amplia facultad de apreciación basada en la sana crítica. Pese a las discusiones teóricas, en Colombia la mayor aproximación a la verdad sigue siendo un fin constitucional, un derecho de la víctima y del acusado inocente y un interés de la sociedad, por encima del procedimiento apoyado en hipótesis, en formalidades excesivas y en la narrativa de la parte vencedora. Aplicando los métodos deductivo, inductivo, holístico y analítico de investigación y el estudio de fuentes bibliográficas seleccionadas, el presente trabajo aborda distintas teorías explicativas de la verdad, los fundamentos teóricos de los hechos y estudia los sistemas procesales; por último, desarrolla el método de ponderación racional de la prueba como un procedimiento de valoración para aproximarse a la verdad de los hechos de relevancia penal con un enfoque diferente de las teorías de argumentación de sana crítica, de los esquemas lógicos de probabilidad, del teorema de Bayes y de la concepción semántica de la verdad de Tarski, con la pretensión de disminuir los márgenes de arbitrariedad decisional y alcanzar la justicia material. La propuesta de ponderación racional de las pruebas implica la asignación de números a cada prueba practicada para medir su peso o grado de confirmación y después una valoración aritmética conjunta frente a los enunciados fácticos que estructuran la hipótesis de la acusación, para tal fin se hace una nueva caracterización de las pruebas.Following the continental tradition, the 1991 Political Charter in Colombia enshrined the values of justice, freedom, knowledge, equality, and the protection of rights, deontologically establishing comprehensive investigation as a means to ascertain the truth. A decade later, the legislature amended the Constitution, adopting a judicial model with an adversarial emphasis, which replaced the concept of factual truth with that of procedural truth, derived from the winning party in the debate, eliminating comprehensive investigation and favoring technical rules of judicial neutrality, equality of arms, concentration, and plea bargaining. The jurisprudence of the higher courts embraced Ferrajoli’s criterion of minimal or reduced truth, aligned with the Anglo-American model, limiting the epistemic function of the process due to the insufficiency and selection of evidence in accordance with rules of admissibility and the wide discretion based on sound judgment. Despite theoretical debates, in Colombia, the closest approximation to truth remains a constitutional objective, a right of the victim and the innocent accused, and a societal interest, above a procedure grounded in hypotheses, excessive formalities, and the narrative of the winning party. Applying deductive, inductive, holistic, and analytical research methods and drawing on selected bibliographic sources, this work addresses different explanatory theories of truth, the theoretical foundations of facts, and examines procedural systems. Finally, it develops the method of rational weighing of evidence as an assessment procedure to approach the truth of facts relevant to criminal matters, with a distinct perspective from the sound judgment theories of argumentation, logical probability schemes, Bayes’ theorem, and Tarski’s semantic conception of truth, aiming to reduce the margins of arbitrary decision-making and achieve substantive justice. The proposal for rational weighing of evidence involves assigning numerical values to each piece of evidence to measure its weight or degree of confirmation, followed by an arithmetic assessment of the factual assertions structuring the prosecution’s hypothesis. To this end, a new characterization of evidence is presented.